Para comenzar, siendo sincero, ni idea. Tengo alguna sugerencia –nada original– tomada de experiencias reales y, también, cierta propuesta de las llamadas utópicas (municipalización del suelo y tal). Pero si alguien me preguntara directamente: A ver tú, listo, ¿qué harías para acabar con los procesos de gentrificación que se están produciendo en nuestras ciudades? Así, a botepronto no sabría dar una respuesta directa, sencilla y clara.

A lo mejor sí que habría que empezar por eliminar el concepto o, al menos, situarlo realmente en perspectiva. La gentrificación no aparece así porque sí. Se trata de una dinámica inserta en algo más complejo: la realidad patente de que las ciudades se han convertido en verdaderos sujetos de extracción de rentas, esto es, de plusvalía. La gentrificación, así vista, no es más que el resultado final, un daño colateral eufemísticamente hablando, de lo que viene siendo la explotación que sufren las ciudades en la búsqueda de mayores retornos para las inversiones del capital. O sea, el capitalismo en su última versión. Que la gente se tiene que mudar de barrio, o que cierran comercios de toda la vida, lo dicho, daños colaterales. Ya vendrán a sustituirlos nuevos vecinos y vecinas que sí puedan hacerse cargo de los costes que supone vivir en una ciudad neoliberal o, por lo menos, lo intenten. Que puedan pagar los precios encarecidos de los alquileres, consumir productos de moda, acudir a mercadillos chic y vintage, etc. Los desplazados, esos, bueno, que se vayan a otro lado, ¿no?

Viene todo esto a cuento de la política antigentrificación puesta en marcha por el Gobierno local de la ciudad de París, con Anne Hidalgo al frente. A esta buena mujer y a su equipo político no se les ha ocurrido otra cosa que delimitar aquellas áreas de la ciudad donde existe peligro de que se produzcan fenómenos de desplazamiento socioespacial, debido, entre otras cuestiones, a ciertas dinámicas del mercado inmobiliario, estableciendo derechos de tanteo y retracto en la transmisión de determinadas fincas allí situadas. Para los legos aclararé que estos derechos son aquellos que se ejercen, por un lado, cuando un tercero tiene preferencia en la adquisición de un inmueble (tanteo), siéndole posible, por otro lado, adquirir el mismo por el precio al que fue pactado entre vendedor y comprador (retracto). La cuestión aquí es que es la propia administración local la que se arroja dichos derechos, pudiendo quedarse con determinadas viviendas (objeto de especulación, se entiende) por el precio establecido si estima que se está ante una dinámica de expulsión y desplazamiento de aquellos vecinos más vulnerables. La idea del Ayuntamiento es, una vez ejercido alguno de estos derechos, poner de nuevo a disposición de los inquilinos el inmueble a un precio asequible. Cosas de rojos, ya sabéis.

 O se frena la neoliberalización de la ciudad, o estaremos de nuevo ante un intento más de embridar el capitalismo

Aunque parezca una locura soviética, este tipo de cosas se vienen haciendo en el Estado desde hace años. De hecho, la propia Ley de Arrendamientos Urbanos del año 94 ya lo recogía, aunque únicamente referido al inquilino y el propietario de una vivienda de alquiler. La gran mayoría de la legislación estatal y autonómica en torno, por ejemplo, a los espacios naturales protegidos (Parques Naturales, Reservas, etc.) recogen esta figura entendiendo, desde la Administración, que la preservación de dichos espacios, sus valores, así como los bienes intangibles que estos proporcionan, deben prevalecer sobre el beneficio privado que sea posible obtener en operaciones de compraventa de zonas forestales, humedales, etc.

Es más, el Ayuntamiento de Sevilla, a principios de la década de los dos mil, fue incluso aún más lejos al disponer la creación de una serie de oficinas (las famosas OTAINSA, Oficinas Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en Situación de Abuso), donde los vecinos y vecinas podían informarse, y a la vez denunciar, que se encontraban ante escenarios donde los propietarios habían abandonado su obligación de mantenimiento de los edificios, ejerciendo presión sobre sus inquilinos (verdadero ejemplo de violencia inmobiliaria) para que éstos abandonaran las viviendas y poder dedicar las mismas a perfiles de mayor renta y, por tanto, generadores de mayores beneficios. El instrumento iba acompañado, además, de la posibilidad de que dichas fincas fueran expropiadas y puestas a disposición, de nuevo, de los inquilinos. Esto supuso la práctica ausencia, por unos años, de notificaciones ficticias de ruina y del desplazamiento de familias y colectivos de personas desfavorecidas.

Sin embargo, y aunque a primera vista pudieran parecer buenas ideas, proyectos viables y justas políticas de enfrentamiento a la gentrificación, pienso que son necesarias, aunque insuficientes. Soy muy escéptico en el funcionamiento a medio y largo plazo de dichas intervenciones porque, como he señalado con anterioridad, no se trata de un fenómeno aislado, de un proceso y una dinámica autónoma, sino que se encuentra íntimamente relacionado con la forma de entender la ciudad desde la perspectiva neoliberal, por lo que, o se frena la neoliberalización de la misma, o estaremos de nuevo ante un intento más de embridar el capitalismo, algo que no se ha mostrado muy efectivo hasta ahora.

Para acabar de una vez por todas con la gentrificación son necesarias políticas mucho más amplias que la de convertir calles y barrios en Parques Urbanos, es necesario intervenir más arriba en el proceso de acumulación y obtención de plusvalías que supone el desarrollo capitalista sobre las ciudades y apostar, quizás, por las soluciones utópicas.

Por José Mansilla, antropólogo miembro del Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU)