Hay muchos lugares de Medellín que se andan reformando, renovando, dizque embelleciendo. Por ejemplo, las laderas, donde viven los más pobres, los desplazados, los sin derechos.

Para entender su problema y escuchar sus voces. Un documental:

Este documental recupera la memoria de los procesos de movilización social y comunitaria que en el año 2014 se han desarrollado, afrontando con iniciativas de participación, educación popular y movilización pacífica los procesos de privatización de la ciudad desde el plan de ordenamiento territorial y megaproyectos de esa Medellín que se denomina innovadora, pero que desconoce e invisibiliza las profundas desigualdades generadas por le modelo neoliberal y capitalista que promueve el gobierno municipal.

Realización: Ciudad Comuna
Coproducción: Corporación Con-vivamos
Año de realización: 2014
Duración: 26 Minutos
Producción: Colectivo Comunaudiovisual
Dirección: Leonardo Jiménez G

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Para completar el panorama, el drama, y las injusticias, Desdeabajo hace poco escribió un texto. Se lo compartimos:

La dignidad que emerge de las laderas

Su nombre en sí mismo es toda una quimera y una contradicción: Esfuerzos de paz.

Con este nombre bautizaron un barrio en la comuna 8, una de las más populosas de Medellín; habitado por cientos de desplazados provenientes del urabeño municipio de Apartadó y del vecino departamento del Chocó.

Sus pobladores, afectados por el robo de su ancestral territorio, amenazados por los paramilitares o sobrevivientes de acciones armadas perpetradas por estos, buscan rehacer sus vidas en la capital del departamento de Antioquia, arañando en su agreste geografía un lugar donde construir un techo.

La necesidad de sobrevivir, con un Estado que les da la espalda, obliga a los nuevos moradores de este rincón de Medellín, a abastecerse de agua y de luz como sea, es un asunto de vida o muerte: logran una conexión pirata en algunos casos (agua), y en otros cancelan con una tarjeta prepago (luz). El rebusque diario debe producirle al menos para estos pagos urgentes, y para el alimento.

Pero no sólo esfuerzos por vivir, sino también por ganar un territorio, aunados a destellos de esperanza, de amor, de convivencia y trabajo. Todo esto es visible al recorrer el barrio y compartir con sus pobladores, pero también todo ello es lo requerido para enfrentar las carencias que amenazan su misma existencia.

Es pasado y presente. La violencia cubierta en algunas ocasiones con pasamontañas, logró sacarlos de su terruño; el amor por la vida les brinda la energía necesaria para encarar con dignidad cada nuevo amanecer. Pero no basta con la amenaza del fusil ni el efecto del terror cubierto de ilegalidad y acompañado de la historia de miles de muertos, no, ahora Esfuerzos de paz sufre las consecuencias “legales” del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado por una mayoría de concejales que ejercen su poder sin importarles la grave situación que en sus derechos fundamentales viven miles de familias en la capital paisa.

Concejales que deciden la suerte de una ciudad de espaldas a la mayoría de sus pobladores, sin escuchar las razones que los oponen a un POT que les perjudica, al tiempo que obran de acuerdo, y cogidos de la mano, con los intereses de quienes están detrás de la “Medellín innovadora”: especuladores del suelo, banqueros, constructoras, industriales del cemento, etcétera, todos ellos interesados en impulsar el nuevo POT, el mismo que da vía libre a megaproyectos como el “Cinturón Verde Metropolitano” (ver recuadro).

Un nuevo POT que prolonga una vieja política en nuestro país y cada una de sus ciudades: ordenar, legislar a favor de las minorías y excluir a las mayorías. Plan de Ordenamiento aprobado a pesar de la oposición de todas las organizaciones sociales con asiento barrial en Medellín, pese a las críticas levantadas por estas donde queda claro cómo el dolor afectará una vez más a miles de hogares y de familias que llegaron y se asentaron en las laderas de esta urbe durante los últimos 20 o un poco más de años.

Voces en el aire, sin oídos que las recogieran de manera presta, así quedaron las levantadas por diversidad de organizaciones sociales en Medellín, por lo cual el POT terminó aprobado sin concertación, contrariando la Ley 388 de 1997, Art.40 que expresa de manera tajante: “En ejercicio de las diferentes actividades que conforman la acción urbanística, las administraciones municipales, distritales y metropolitanas deberán fomentar la concertación entre los intereses sociales, económicos y urbanísticos, mediante la participación de los pobladores y sus organizaciones. Esta concertación tendrá por objeto asegurar la eficacia de las políticas públicas respecto de las necesidades y aspiraciones de los diversos sectores de la vida económica y social relacionados con el ordenamiento del territorio municipal”.

En contra de esta realidad la administración de esta urbe aduce que sí hubo participación y concertación, pero ya sabemos en qué consiste ésta: llenar planillas de asistencia por parte de los moradores de cada uno de los sectores donde se llevaron a cabo sesiones de planeación o educativas sobre el POT. Así lo reafirma un poblador de Esfuerzos de paz: “Nos hacen llenar unas planillas de “asistencia”, donde realmente dicen que estamos de acuerdo con el POT, cuando no se nos ha hablado de éste”.

¡Afuera! ¡Afuera!

Lo que más afecta a esta quimera urbana poblada por desplazados y negados de la ciudad, es el hecho de tener que afrontar un nuevo desplazamiento, tal vez el tercero o cuarto en menos de una o dos décadas. Desplazamiento propiciado ahora por los dueños del capital privado que se valen para su propósito de la administración pública. De nuevo, como ya les sucedió en anteriores ocasiones bajo la amenaza del fusil –ahora revestido de legalidad– deberán dejar lo que construyeron de manera autogestionada, romper sus lazos de comunidad, y dispersarse por la frondosa capa de cemento medellinense, viviendo unos meses en arriendo con cargo al municipio. Esto es lo que ahora les ofrecen. Y si resisten, si se oponen a salir y dejar lo construido, llegará el desalojo por vía administrativa, amparado en el “interés general”.

Ante esta realidad, no es extraño lo dicho por Luis Mosquera, integrante de la corporación Convivamos, al afirmar que “Este POT no tiene un rostro humano, no está debidamente hecho, ni adaptado para la gente, no resuelve las verdaderas necesidades de las comunidades, ni el problema estructural que es la pobreza que llega a un 41 por ciento y continuará en la misma situación. ¡No se resuelve!”

Con el yunque del poder sobre sus cabezas, la población que habita Esfuerzos de paz exige que no se vulneren sus derechos, que el gobierno sea de mayorías y no de minorías. Desde las laderas de Medellín se escuchan gritos de dolor, pero también de esperanza, con esfuerzos de paz.

Recuadro 1

Apoyos temporales e insuficientes

En una entrevista realizada a Jairo Maya, organizador de los 10 nodos barriales para la movilización en contra del Megaproyecto Cinturón Verde Metropolitano e integrante del Plan de Desarrollo Local de las distintas comunas y municipios del Valle de Aburrá, develó las problemáticas y abusos soportadas por las comunidades afectadas por este proyecto.

Afirma allí Jairo que la alcaldía de Medellín difunde que está acompañando a los 9 barrios afectados por este megaproyecto Santo Domingo, Nutibara, Picacho, El Volador, La Cruz, Pan de Azúcar, Salvador (Esfuerzos de Paz), La Asomadera y Las tres cruces; pero tal acompañamiento es desalentador toda vez que está reducido a enseñar a la gente a construir adoquines, para que por un salario mínimo mensual, trabajen durante 10 meses.

Aseguró que la información que tienen las comunidades frente a estas construcciones es difusa. Hasta el momento la institucionalidad ha prometido construir viviendas para las familias que serán desplazadas, en terrenos que no han sido estudiados todavía, proceso en el cual han gastado, entre la EDU y la Universidad Pontificia Bolivariana 800.000.000 millones de pesos, invertidos mayoritariamente en las jornadas de vida del alcalde Gaviria en el año 2013.

La comuna 8, a la cual pertenece el barrio Esfuerzos de paz, es la más afectada por la construcción del Jardín Circunvalar o parque urbano, parte integral del megaproyecto Cinturón Verde, donde la resistencia crece motivada por el Plan de Desarrollo Local de cada una de las comunas, colocando en marcha su Estrategia de gestión, la cual promueve la plataforma de movilización comunitaria, veedurías, políticas públicas y control ciudadano. Todos estos esfuerzos barriales trabajan en red junto con corporaciones como Convivamos y Penca de Sábila, y apoyados en el Presupuesto Participativo. Resistiendo a la cooptación que intenta el Departamento Administrativo de Gestión de la Alcaldía.

Finalmente, en la entrevista en cuestión Jairo Maya resalta que desde el Foro Habitat de la ONU, por orden de la Alcaldía y el Ministerio de Interior la Comuna 8 debería estar vigilada y protegida por la fuerza pública pero hasta el momento el Esmad y la Policía Metropolitana sólo han intervenido para desalojar las familias de dicho sector.

Sin futuro alentador para estas miles de personas, ahora les viene otro golpe: el proyecto Monorriel que pretende unir la Estación de Metrocable Santo Domingo Savio, la Estación de Metrocable La Sierra y la Avenida 80 por medio del Tranvía, archivado por el Concejo de Medellín en el año 2012, lo desempolva el EDU para nueva discusión en el Concejo.

Recuadro 2

El Cinturón Verde Metropolitano en pocas palabras

Según la administración de la ciudad, este megaproyecto tiene como objetivo detener la expansión urbana en sus laderas, para proteger el suelo rural, y “mejorar” el espacio público, la vivienda y la movilidad de quienes habitan en estas zonas.

Pero la realidad es compleja. Según información suministrada por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), el megaproyecto citado requiere para su construcción del desplazamiento de cerca de catorce mil setecientas cincuenta familias (14.750), las cuales habitan por encima de la máxima permitida (1.800 metros).

Pero ante esta decisión hay varias observaciones nacidas de la realidad de la ciudad:

1) No existe mapa de riesgo de las laderas que intervendrán. Si la gente vive allí, por sobre la cota ahora delimitada, adecuando desde hace años el territorio a sus necesidades, ¿por qué la actual pretensión de expulsarlos de estos terrenos?
2) Hay esguinces a la norma que impiden un control certero a la ocupación en las laderas, donde no hay consulta previa, concertación con las comunidades implicadas, no muestran las alternativas de calidad de vida, ¡reales!, de ahí surgen los interrogantes, es decir, los faltantes a la norma ¿Se comprometen futuras administraciones? ¿Cuántas? ¿Qué proporciones del presupuesto destinado se asignarán a cada componente del proyecto? ¿Qué es lo que hace verde al Cinturón Verde? ¿Cómo se garantiza el modelo de preservación de la biodiversidad? ¿Cuál es el modelo de conservación? ¿Cuáles son los impactos sociales, ambientales y económicos esperados? ¿Cómo se medirán? ¿Cuándo empezarán obras? ¿Cuáles zonas serán re ubicadas y a dónde? ¿Qué obras de infraestructura se realizarán? ¿Qué garantías hay para las poblaciones involucradas? ¿Cómo es el proceso de sensibilización? ¿Habrá discusiones con la comunidad? ¿Cuáles son las labores específicas de cada una de estas entidades contribuyentes dentro del proyecto? ¿Que pasara con mi casa? ¿Cómo se incluiría la agricultura en la dinámica del Cinturón, sabiendo la importancia de esta actividad en las laderas? (sabiendo que este se ha convertido en un medio para sobrevivir de las comunidades).
3) Hay problemas de gobernanza y gobernabilidad en las laderas, por medio de los cuales las Juntas de Acción Comunal y otras instancias de participación directa y comunitaria están opacadas; en realidad son las Bracim las que determinan la vida cotidiana en estos territorios.
4) Entender el reconocimiento de que en estos territorios hay un tejido que estas personas han creado durante más de 50 años y donde la solución no es, simplemente, la evacuación, sino, más bien, la adecuación y el mejoramiento de las condiciones del suelo.

Lo decidido por la administración en contrasentido, violenta la cotidianidad de miles de personas. Para darle cuerpo a este megaproyecto, seleccionaron los sitios en los cuales se llevará a cabo la intervención, los que según ellos son “propiedad del municipio de Medellín”:

Parte alta de Santo Domingo Savio, La Avanzada y Carpinelo. En estas zonas delimitaron un área de intervención que corresponde a 11,9 hectáreas.
En la quebrada La Castro fue delimitada un área que suma 11,3 hectáreas.
En la quebrada La Ñato delimitaron un área que corresponde a 4,2 hectáreas.

Además, el Cinturón Verde Metropolitano tiene asignados directamente unos 545.098 millones de pesos, equivalentes a un 4.5 por ciento del presupuesto total del Plan de Desarrollo, con los cuales, dice, resolverá gran parte de la problemática estructural de pobreza que oprime a miles de familias en esta ciudad.

Escrito por Alejandra Serna Montoya para el periódico Desdeabajo.